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El Tribunal Constitucional falla que la disposición adicional la Ley de Tráfico es constitucional y no procede su supresión

La responsabilidad por accidentes de tráfico con especies de caza seguirá como está

La disposición adicional 7ª (Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas) seguirá como está y no será suprimida tras el fallo del TC a un recurso del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.
Accidentes_Trafico_TC_G Jabalí atropellado por un vehículo y venado junto a una carretera.

La disposición adicional 9º (ahora 7ª) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial fue una gran conquista del sector cinegético en cuanto al reparto de responsabilidades en los accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. El texto, que muchos conocerán por haberlo publicado en diversas ocasiones en esta web, quedó como sigue:

“Disposición adicional séptima. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”.

Pues bien, la admisión a trámite del recurso presentado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, en el que se planteaba la posible inconstitucionalidad del apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional 9ª (actual disposición 7ª) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ha llevado al Tribunal Constitucional a pronunciarse al respecto.

Pero antes de que el TC emitiese su fallo, la Real Federación Española de Caza se personó el 22 de marzo para la formulación de alegaciones, al tratarse de un asunto relacionado con laresponsabilidad en caso de atropello de especies cinegéticas, siendo aceptada como parte interesada al afectar el asunto directamente tanto a los cazadores como a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o propietarios de terrenos de caza, dando a esta entidad un plazo de 15 días para presentar las alegaciones correspondientes, que fueron efectuadas en plazo.

El pasado 29 de octubre se notificó a la RFEC la STC 112/2018, donde se declara que cuando una pieza de caza mayor procede de un terreno de la Administración (reserva de caza) y no hay ‘acción de caza mayor’, de los daños que ocasione si se produce un atropello puede ser responsable la Administración pública y no el conductor del coche.

Por tanto, y según indica la citada sentencia, la disposición adicional 7ª de la Ley de Tráfico es plenamente constitucional en este punto y no vulnera el artículo 106.2 de la Constitución (“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”).

En definitiva, el Tribunal Constitucional declara que dicha disposición es constitucional y no procede su supresión, argumento que el colectivo cazador, a través de la propia RFEC, sostenía en sus alegaciones. Para el presidente federativo, Ángel López, el Constitucional ha apoyado con este fallo judicial “la correcta modificación de la Ley de Tráfico”, revisada tras las demandas del sector cinegético para que, “en caso de no existir acción de caza, los cotos o los titulares no sean responsables de los daños causados por el atropello de una especie cinegética”.