Última hora: el lobo se cazará en Castilla y León esta temporada
El pasado 5 de febrero de 2018, por sentencia Nº 49 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que presidía la juez Ana María Martínez Olalla, se anuló el Decreto 14/2016, de 19 de mayo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que regula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo.
Razones apuntadas en la sentencia
- La falta del informe del Consejo Regional de M. A. pues se presentó un acta
- Porque tampoco hay informes técnicos o científicos que sean independientes y puedan amparar los controles o aprovechamientos cinegéticos.
- Porque no consta en qué ha consistido el seguimiento de manadas ni comprobación de poblaciones.
- Porque no se ha hecho censo de la población en 2016.
¿De dónde provienen las denuncias y recursos?
Las denuncias se hacen por La Manada, un grupo animalista femenino de 28 componentes, cuyo objetivo principal es la recogida, esterilización y cura de gatos, pero es una demandante interpuesta por otro grupo animalista, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que pone el apoyo técnico a la impugnación, porque es el verdaderamente interesado.
Este grupo presentó también un recurso contencioso administrativo contra el Plan 2016-2019 de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en territorios cinegéticos al norte del Duero, que está pendiente de sentencia, pero que cuando se publique tampoco afectará al necesario control y aprovechamiento del lobo en esta temporada 2018-19, según la propia Dirección General.
Creo que la señora juez debería enterarse de que:
- Un acta del Consejo Regional en el que se han pronunciado todos sus componentes es un documento multidisciplinar que recoge las impresiones y datos de personas muy competentes en la materia, incluidos los representantes ecologistas.
- Los informes y censo los han hecho mil agentes medioambientales, que en su inmensa mayoría no son cazadores, pero sí amantes del lobo y bajo la dirección técnica de una empresa prestigiosa, Coordinadora de Recursos Naturales (CRN), que dirige Mario Sáenz de Buruaga, un científico de reconocido prestigio mundial y vicepresidente de la SECEM (Sociedad Española para la Conservación de Mamíferos), por lo que entiendo que la juez no debería considerar que estos agentes y técnicos no son independientes, porque eso es ofender a un montón de profesionales. Los que no son independientes son los que andan buscando que la Dirección General les encargue y pague el censo a ellos.
- El seguimiento de manadas consiste en lo que el propio Plan del Lobo y los protocolos de censo exponen con pelos y señales en ese plan. Consiste en ver señales evidentes como excrementos y huellas conjuntas, escuchas de llamada de cachorros y visión directa de las manadas, como se refleja en 128 manadas de las 179 censadas en 2012-13, que son 30 más que las 149 censadas en 2001, lo que indica que en esos años han subido los lobos un 20 por ciento.
- Los censos son muy caros, pues requieren mucho despliegue de personas y medios y se hacen en todo el mundo para las poblaciones de lobos cada diez años, si no sobreviene algún hecho o situación que aconseje una medición más inmediata, que no es el caso.
Y si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene que ajustar y afinar en algún documento, porque no sea así con arreglo a derecho, pues que lo haga ya. Lo que no se pueden pegar son más mordiscos a la despoblación de esta Comunidad, ni a las reses de los ganaderos que ya pierden cada año bastante con los ataques de una especie tan abundante en Castilla y León, que es envidia de otras comunidades autónomas y de otros países de Europa
(Texto: José Luis Garrido / Fotos: Archivo)